El presidente Ejecutivo de la CCI, Juan Martín Caicedo Ferrer, hace un balance del año que termina y plantea los retos que se asoman para el 2024.
Hechos relevantes:
- El desplome, sin antecedentes (excepto pandemia) del 15% en el sector de obras civiles, detonante, a su vez, del decrecimiento de la economía nacional.
- Los efectos generados en la confianza inversionista, derivados ellos, de la expedición del decreto 050 de 2023, en virtud del cual se congelaron las tarifas de los peajes.
- Informaciones que suponían la puesta en riesgo de la estabilidad y la preservación del modelo de participación privada en la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura, superadas y aclaradas por el propio presidente Petro en el Congreso de la CCI en Cartagena (noviembre 22-2023).
La marcha del sector:
- A la fecha, el programa de concesiones 4G registra un porcentaje de ejecución promedio de 76%, lo cual equivale a un incremento de 6 puntos porcentuales en lo corrido de 2023.
- De las 5G, las troncales Magdalena 1 y 2 finalizaron su etapa de preconstrucción, mientras la Malla Vial del Valle del Cauca inició su etapa de construcción.
- Se firmó el contrato de concesión del puerto de Pisisí (Turbo, Antioquia) por US$150 millones, y fue adjudicado el contrato de concesión para la ampliación del aeropuerto de Cartagena Rafael Núñez.
- Por concepto de diferencias de tráficos estimados vs tráficos reales, la ANI canceló $1,99 billones a 7 proyectos de la primera ola de concesiones viales.
- Por concepto del faltante de vigencias futuras correspondientes al 2022, la ANI canceló $1,3 billones a las concesiones viales. De igual manera, pagó a las concesiones $3,6 billones, correspondientes a las vigencias futuras del 2023.
- La ley de Adición Presupuestal incluyó $500.000 millones para cancelar a los concesionarios de iniciativa pública, lo que dejaron de recaudar en peajes, como consecuencia del decreto 050 de 2023.
Dos imperativos:
- La normalización de las tarifas de los peajes, con la expedición del decreto en el que actualmente trabaja el Gobierno, tomando como referencia el IPC de los años 2022 y 2023. Lo anterior, se implementará en enero de 2024, para el primer caso, y en julio de 2024, para el segundo. También, se hace imperativa la normalización de las tarifas de peaje, por entrega de obras y unidades funcionales durante el año 2024.
- Para la continuidad de las diez iniciativas privadas incluidas en el programa 4G, afectadas por la expedición del decreto 050, se hace necesario compensarlas con recursos del Presupuesto General de la Nación, de tal manera, que se garantice su viabilidad financiera y se eviten terminaciones anticipadas de los contratos, con billonarias contingencias a cargo del Estado.
Sugerencias:
- Se deben incentivar altos niveles de ejecución presupuestal, teniendo en cuenta que el Presupuesto General de la Nación 2024 contempla la asignación de $16,7 billones para el sector transporte, de los cuales $13,6 billones estarían destinados a inversión en proyectos concesionados y de obra pública.
- Licitar prontamente nuevos proyectos APP de iniciativa pública ya estructurados, tales como las vías Pasto-Popayán ($13,5 billones) y Villeta-Guaduas ($7,1 billones), y la iniciativa férrea La Dorada-Chiriguaná ($2,6 billones).
- Avanzar en los procesos de adjudicación de las iniciativas privadas (IP), que a la fecha han sido presentadas a la ANI. Aeroportuarias: Gustavo Rojas Pinilla (San Andrés), El Dorado Max, Campo de Vuelo El Dorado, Bayunca (Cartagena) y Suroccidente. Carreteras: Conexión Centro Calarcá-La Paila, Córdoba-Sucre, Ruta de Los Andes y Santuario-Caño Alegre. Portuarias: Río Córdoba y Ciénaga.
- Materializar proyectos de concesión claves para la economía y la competitividad, tales como Mulaló-Loboguerrero, en la Costa Pacífica, las obras pendientes de la Perimetral de Oriente en el centro del país, y la vía Bucaramanga-Pamplona.
- Impulsar la estructuración de proyectos intermodales de APP, estratégicos, incluidos ya en el Plan Maestro de Transporte Intermodal, tales como el primer tercio de la vía Bogotá-Villavicencio y el dragado del Puerto de Buenaventura.
- Repotenciar la típica obra pública, a través de proyectos estratégicos tales como la Variante San Francisco-Mocoa y las vías Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira. Se hace imperativa la consecución de recursos para la finalización de tales obras.
- Evitar que la reciente creación del Invir (entidad encargada de la ejecución de vías terciarias y con la facultad de contratar sin límite de cuantía), pueda derivar en contrataciones directas mal habidas, e incluso en obras fallidas.
- El imperativo de que las pymes de ingeniería -68.000 en todo el país- estrechen lazos con las comunidades, y avancen de la mano y con éxito, en la ejecución de los caminos veredales y las vías terciarias.
- Se hace necesario dinamizar la obra pública y potenciar fuentes de financiación como obras por impuestos, regalías y valorización.
Visión de futuro:
- El Plan Maestro de Transporte Intermodal se actualizó con vigencia 2021-2051. Dicho Plan es la hoja de ruta a 30 años del sector. Se hace necesario el diseño de un sistema de monitoreo y seguimiento del Plan.
- El Gobierno Nacional publicó el Conpes 4118 ‘Política Nacional Portuaria: modernización y sostenibilidad de la actividad portuaria y su articulación con el territorio’. Urge, también, su cabal implementación.
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