Lo bueno y lo malo de la nueva política de riesgo para Proyectos de Infraestructura

En el ámbito de la infraestructura, la nueva Política de Riesgo Contractual del Estado para Proyectos de Infraestructura con Participación Privada, aprobada recientemente a través del documento CONPES 4117, ha generado un gran impacto en el sector. En esta análisis, se examinarán los aspectos positivos y los desafíos de esta política desde la perspectiva de Mendoza, una reconocida firma de abogados especializada en Banca, Finanzas y Mercado de Capitales. Con una experiencia de tres años en el mercado, Mendoza ha asesorado a empresas del sector público y privado en importantes procesos de inversión, financiación y estructuración de contratos de proyectos de infraestructura de gran envergadura.

Lo bueno: Lineamientos específicos para proyectos de diferentes sectores

La inclusión de lineamientos específicos para proyectos de diferentes sectores es uno de los aspectos positivos destacados por María Lucía Amador, directora de Mendoza. Anteriormente, la aplicación de la política de riesgos era transversal y no se adaptaba adecuadamente a las necesidades de proyectos con complejidades técnicas y financieras particulares. Esto resultaba inconveniente, ya que las directrices generales no podían ser aplicadas de manera efectiva a proyectos desarrollados bajo el mecanismo de Asociación Público-Privada (APP).

Con los lineamientos específicos ahora incluidos, se espera que los proyectos de diferentes sectores puedan abordar adecuadamente los riesgos y alcanzar un mayor éxito en su implementación.

Lo malo: Desafíos adicionales y consideraciones

Aunque la nueva política aborda riesgos que antes no se habían considerado explícitamente, también plantea desafíos adicionales. Por ejemplo, se recomienda analizar el riesgo de cambio climático, que ya se había abordado en los Proyectos de 5G. Aunque este riesgo se transfiere al sector privado, tener claridad y parámetros específicos para gestionar el riesgo de cambio climático puede impulsar la financiación de los proyectos.

Sin embargo, esto también implica que los prestamistas pueden tener criterios más estrictos en relación con el cambio climático, lo que puede impactar la viabilidad financiera de los proyectos.

Régimen de transición y nuevos proyectos

El documento de la política establece un régimen de transición para los proyectos que se radiquen en los siguientes 6 meses para su aprobación y valoración de obligaciones contingentes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Además, los proyectos que ya hayan sido radicados podrán seguir los lineamientos anteriores. Este régimen de transición es una medida importante que permite la continuidad de algunos proyectos en proceso de estructuración. Con reglas de juego más claras, se espera que nuevos proyectos bancables puedan salir al mercado.

En conclusión, la nueva Política de Riesgo Contractual del Estado para Proyectos de Infraestructura con Participación Privada presenta tanto aspectos positivos como desafíos a considerar. La inclusión de lineamientos específicos para proyectos de diferentes sectores es un avance significativo, pero también se deben tener en cuenta los desafíos adicionales que surgen. Con un enfoque integral y un análisis cuidadoso, los directores de proyectos constructivos podrán tomar decisiones informadas y gestionar eficazmente los riesgos en sus proyectos de infraestructura.