La recuperación de las regiones golpeadas por el terremoto del 10 de agosto podría tardar entre tres y cuatro años. Camacol advierte que cerca de 170.000 viviendas requerirían reparaciones asistidas y más de 30.000 estarían destruidas, por lo que el país necesita una estructura nacional capaz de coordinar recursos, diagnósticos, diseños y ejecución.
La reconstrucción posterior al terremoto del 10 de agosto podría convertirse en uno de los mayores programas de vivienda, infraestructura social y rehabilitación estructural ejecutados en Colombia durante las últimas décadas.
Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacol Antioquia, estimó que la recuperación podría demandar aproximadamente $40 billones y extenderse durante un periodo de tres a cuatro años.
Durante una entrevista concedida a Bloomberg Línea desde EXPOCAMACOL 2026, el dirigente gremial señaló que el balance preliminar se acerca a 200.000 viviendas afectadas. De ese universo, unas 170.000 podrían ser susceptibles de reparación asistida, mientras más de 30.000 estarían completamente destruidas y tendrían que reconstruirse o reubicarse.
Las cifras todavía deberán actualizarse a medida que avancen las inspecciones. Su dimensión, sin embargo, deja claro que el desafío no consiste solamente en entregar materiales: Colombia deberá evaluar estructuras, priorizar intervenciones, evitar reconstrucciones inseguras y coordinar aportes públicos, privados e internacionales.
¿Por qué la reconstrucción podría costar $40 billones?
La estimación mencionada por Camacol no comprende únicamente la reposición de viviendas.
El terremoto también afectó colegios, universidades, centros de salud, vías, redes de servicios y edificaciones de diferentes alturas. Cada activo necesita un diagnóstico que permita determinar si puede continuar operando, requiere una reparación, debe reforzarse o necesita demolición.
El costo de la recuperación incluiría, entre otros componentes:
- Evaluaciones de seguridad y habitabilidad.
- Estudios de suelos y vulnerabilidad.
- Diseños arquitectónicos y estructurales.
- Reparación de viviendas recuperables.
- Reforzamiento de edificaciones.
- Demoliciones controladas.
- Reconstrucción de viviendas destruidas.
- Reubicación de comunidades expuestas a riesgos no mitigables.
- Recuperación de infraestructura educativa y sanitaria.
- Transporte de materiales y maquinaria.
- Interventoría y control de calidad.
- Alojamiento temporal de las familias.
Por eso, comparar la reconstrucción únicamente con el valor comercial de las casas destruidas subestima la dimensión real del problema.
Cerca de 170.000 viviendas podrían repararse
El grupo más numeroso estaría conformado por aproximadamente 170.000 viviendas con daños potencialmente reparables.
Esta categoría requiere especial cuidado. “Reparable” no significa que la familia pueda reconstruir el muro o la cubierta siguiendo exactamente la solución anterior.
Una edificación puede parecer estable y presentar daños en conexiones, elementos no estructurales, apoyos, muros de mampostería o componentes que comprometan su comportamiento frente a una nueva réplica.
Loaiza advirtió sobre el riesgo de que las familias, presionadas por la necesidad de recuperar sus hogares, vuelvan a levantar los elementos afectados sin asistencia profesional.
La reconstrucción autogestionada sin diagnóstico puede repetir los mismos errores que provocaron el colapso:
- Muros sin confinamiento.
- Falta de vigas y columnas.
- Conexiones deficientes.
- Ausencia de anclajes.
- Cubiertas mal aseguradas.
- Ampliaciones sin evaluación estructural.
- Materiales recuperados sin verificar.
- Construcción sobre terrenos inestables.
Camacol ha propuesto que las reparaciones sean acompañadas por técnicos del SENA, ingenieros, arquitectos, constructores con experiencia, autoridades territoriales o profesionales vinculados a las oficinas de gestión del riesgo.
Más de 30.000 viviendas tendrían que reconstruirse o reubicarse
El segundo frente comprende más de 30.000 viviendas completamente destruidas, según la estimación presentada por el gerente de Camacol Antioquia.
No todas deberían reconstruirse en el mismo lugar.
Los estudios deberán identificar cuáles terrenos continúan siendo seguros y cuáles presentan amenazas por movimientos en masa, fallas geológicas, inundaciones, inestabilidad o imposibilidad de garantizar servicios.
La decisión técnica puede conducir a tres respuestas diferentes:
- Reconstrucción en el mismo predio.
- Reposición de la vivienda en otro terreno.
- Reubicación total de comunidades o asentamientos.
Esta diferenciación es fundamental. Levantar rápidamente una vivienda sobre un suelo que continúa expuesto no resuelve el riesgo: simplemente financia el próximo desastre.
El país todavía necesita completar miles de inspecciones
La capacidad disponible para revisar edificaciones constituye uno de los principales cuellos de botella.
Loaiza aseguró que existen territorios con alrededor de 3.000 solicitudes de inspección, de las cuales apenas se habría atendido cerca de una tercera parte.
Estas evaluaciones no pueden ejecutarse “a las carreras”. Cada inspección puede terminar en una clasificación distinta:
- Habitable sin restricciones.
- Habitable bajo condiciones.
- Uso restringido temporalmente.
- Reparable.
- Reforzable.
- No habitable.
- Demolición requerida.
Una clasificación equivocada puede exponer vidas o provocar la demolición innecesaria de un activo recuperable.
El proceso demanda suficientes ingenieros estructurales, formatos estandarizados, trazabilidad fotográfica, criterios uniformes y mecanismos de revisión para los casos complejos.
Ingenieros mexicanos apoyarían las evaluaciones en Pereira
Como parte de la cooperación técnica, Camacol recibió el ofrecimiento de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y una universidad para desplazar siete ingenieros estructurales a Pereira.
La movilización requiere resolver transporte, alojamiento, alimentación, equipos y coordinación con las autoridades responsables de las evaluaciones.
El caso evidencia una de las dificultades operativas de la emergencia: existe disposición para aportar profesionales, materiales, maquinaria y recursos, pero estos apoyos necesitan un sistema que identifique necesidades, asigne territorios y haga seguimiento a los resultados.
La solidaridad sin coordinación corre el riesgo de convertirse en una fila de camiones buscando dónde descargar.
Las empresas ofrecen diseños, maquinaria y materiales
Según Loaiza, diferentes empresas vinculadas a la construcción han ofrecido:
- Equipos técnicos para desarrollar diseños sin costo.
- Maquinaria durante varios meses.
- Materiales como cemento, acero y ladrillos.
- Transporte y logística.
- Recursos para financiar la atención.
- Profesionales especializados.
- Conocimiento adquirido en reconstrucciones anteriores.
El sector privado puede aportar capacidad técnica y productiva, pero no debería reemplazar la responsabilidad del Estado.
La autoridad pública deberá definir prioridades, establecer reglas de contratación, coordinar las intervenciones y garantizar que los aportes lleguen a los territorios donde realmente se necesitan.
Camacol propone un fondo manejado mediante fiducia
Uno de los asuntos pendientes es la estructura jurídica y financiera que administrará los recursos de la reconstrucción.
Camacol plantea que el fondo pueda integrar:
- Recursos del Presupuesto General de la Nación.
- Aportes de gobiernos territoriales.
- Donaciones empresariales.
- Recursos de fundaciones.
- Cooperación internacional.
- Aportes de otros gobiernos.
- Donaciones privadas.
Loaiza sostuvo que los recursos deberían manejarse mediante fiducias, con controles que permitan protegerlos, hacer seguimiento a cada intervención y reducir los riesgos de desviación.
La estructura financiera debería estar conectada con un inventario territorial que indique:
- Departamento y municipio.
- Número de hogares afectados.
- Nivel de daño.
- Tipo de intervención.
- Presupuesto estimado.
- Fuente de financiación.
- Responsable del proyecto.
- Cronograma.
- Avance físico y financiero.
Sin ese nivel de trazabilidad, el país podría terminar acumulando anuncios, donaciones y contratos sin una visión consolidada de la reconstrucción.
La experiencia del Eje Cafetero no puede perderse
Camacol también puso a disposición del Gobierno profesionales que participaron en la reconstrucción del Eje Cafetero después del terremoto de 1999 y en la operación del Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, FOREC.
La experiencia puede aportar lecciones sobre gerencia territorial, participación comunitaria, contratación, control de recursos, rehabilitación urbana y coordinación institucional.
Pero no se trata de copiar el modelo sin cuestionarlo. El nuevo programa debería identificar:
- Qué mecanismos funcionaron.
- Qué procesos generaron retrasos.
- Cómo se controló la calidad.
- Qué fallas de diseño o ejecución aparecieron posteriormente.
- Cómo participaron las comunidades.
- Qué debe cambiar frente a los riesgos actuales.
Perder esa memoria institucional obligaría al país a aprender otra vez mientras miles de familias esperan una solución.
EXPOCAMACOL se convierte en plataforma para la recuperación
La advertencia de Camacol se produjo durante la edición 26 de EXPOCAMACOL, realizada en Plaza Mayor Medellín.
La feria reunió alrededor de 500 empresas expositoras de 19 países, más de 27.000 metros cuadrados de exhibición y una expectativa de negocios superior a US$1.198 millones. Antes de la apertura, los organizadores proyectaban más de 53.000 visitantes especializados procedentes de 60 países. La República, Caracol Radio
El encuentro concentra fabricantes de materiales, empresas de maquinaria, diseñadores, ingenieros, arquitectos, constructores y proveedores capaces de participar en la reconstrucción.
También funciona como plataforma para localizar soluciones disponibles, evaluar capacidad productiva, establecer precios, verificar certificaciones y estructurar alianzas antes de iniciar contrataciones masivas.
El sector constructor anticipa un cambio de ciclo
La emergencia ocurre cuando la construcción colombiana empieza a mostrar señales de recuperación después de varios años de caída.
Camacol reportó que durante el primer semestre de 2026 había aproximadamente 577.000 viviendas en desarrollo: 315.000 en construcción y 262.000 en preventa. El mercado contaba, además, con una oferta cercana a 161.000 viviendas distribuida en 3.010 proyectos. Caracol Radio
Loaiza señaló que algunos empresarios están reactivando proyectos que permanecían archivados y que las salas de ventas registran nuevamente visitantes interesados.
Eso no significa que la recuperación esté asegurada. Las tasas de interés, los tiempos administrativos, el acceso a financiación, la confianza inversionista y la capacidad del nuevo Gobierno para ejecutar su política de vivienda continuarán determinando el ritmo del sector.
La reconstrucción generará una enorme demanda de trabajo y materiales, pero sería un error presentarla como una oportunidad comercial convencional. Primero es una emergencia humana y territorial; después, un desafío técnico, institucional y empresarial.
Reconstruir rápido no puede significar reconstruir mal
Colombia necesita acelerar diagnósticos, habilitar recursos y devolver soluciones habitacionales a miles de familias. Pero la urgencia no puede utilizarse para reducir controles, improvisar diseños o aceptar materiales sin certificación.
Las reparaciones deberán responder al daño identificado. Los reforzamientos necesitarán diseños firmados. Las nuevas viviendas tendrán que cumplir los requisitos sismorresistentes aplicables. Los materiales deberán contar con trazabilidad y los procesos constructivos necesitarán supervisión.
La escala prevista —$40 billones, 200.000 viviendas y hasta cuatro años de trabajo— exige una gerencia nacional de reconstrucción con capacidad técnica, independencia operativa y control público.
El dinero será enorme. La responsabilidad, todavía mayor.