Concesiones 5G, un paso hacia el desarrollo de infraestructura sostenible

La infraestructura es reconocida como la base del desarrollo social y económico, así como un factor determinante para la competitividad y el crecimiento incluyente; sin embargo, en la última década países como Colombia han entendido además que la inversión en infraestructura no puede limitarse a un simple aumento del gasto público sino que debe ser determinada por la sostenibilidad, entendida no solo desde su comprensión tradicional y un enfoque ambiental y social, sino también institucional y financiero.

De acuerdo con la asociada senior de Mendoza y experta en temas de infraestructura y financiación de proyectos de infraestructura, Clara Robledo Sánchez, “la sostenibilidad se ha convertido en una necesidad esencial en la planeación del desarrollo de la infraestructura como consecuencia del reconocimiento de que la construcción y operación de infraestructura es fuente de alrededor del 70% de emisiones de gases de efecto invernadero, impacta directa e indirectamente la biodiversidad y los ecosistemas, a menudo ocasiona exclusión y/o desplazamiento de segmentos sociales y su financiación es un factor que puede llevar a deuda insostenible”.

Por tal razón toma trascendencia el Documento CONPES 4060, cuyo objetivo es establecer los lineamientos de política pública para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte sostenible aplicable a las Concesiones 5G, publicado el 29 de noviembre de 2021 por el Departamento Nacional de Planeación – DNP.

Esta política tendrá un horizonte de aplicación de 10 años y busca atender a cada uno de los pilares de desarrollo de infraestructura sostenible identificados internacionalmente: ambiental, social, financiera e institucional; sumándole un quinto pilar: intermodalidad, el cual busca brindar un enfoque transversal que reconozca la necesidad de contar con diferentes medios de transporte interconectados de manera eficiente, para poder tener una infraestructura que cumpla con objetivos tanto funcionales como de sostenibilidad.

Adicionalmente, el DNP en el Documento CONPES 4060 realizó un diagnóstico sobre los modelos de concesiones pasados y preparó una serie de recomendaciones para la política institucional de aquellas entidades a cargo de la estructuración, gestión y monitoreo de proyectos de infraestructura de transporte que busca enfrentar los siguientes retos en el marco de la adjudicación y ejecución de las Concesiones de Quinta Generación – 5G bajo una perspectiva de sostenibilidad:

1) impacto de la infraestructura de transporte a los ecosistemas y cambio climático.

2) conflictos sociales durante las diferentes etapas de los proyectos de infraestructura.

3) ausencia de mecanismos innovadores de financiación y limitaciones en fuentes de pago.

4) limitaciones en materia de gobernabilidad institucional.

5) déficit en el desarrollo intermodal.

Como solución a los retos ambientales, el DNP propone establecer incentivos a los desarrolladores y financiadores de proyectos para implementar buenas prácticas en sostenibilidad ambiental, los cuales deberán ser incluidos en los contratos de concesión y la evaluación de herramientas y metodologías para la valoración económica de bienes no mercadeables.

A su vez, como alternativa para impulsar la sostenibilidad social se propone que la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI defina el alcance de las intervenciones sociales para las Concesiones 5G, implementado mecanismos diferentes a la consulta previa que faciliten el relacionamiento con la comunidad y la involucre en el desarrollo del proyecto en todas sus etapas. Igualmente, se propone fortalecer la oferta de bienes y servicios públicos locales en las zonas de proyectos de concesión y establecer un enfoque de género en los cargos directivos y operativos generados por los proyectos.

Dicho esto, el DNP busca impulsar la intermodalidad a partir del año 2022 mediante mejoras en financiación de proyectos férreos y aeroportuarios, así como presentar un documento técnico con alternativas jurídicas que faciliten la aplicación del concepto de unidades funcionales a los proyectos aeroportuarios que faciliten la liberación de recursos de una manera gradual y su financiación.